Por Charles Ramos

Una jueza porteña declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y liberó a un menor de 14 años: la resolución que desató una ola de críticas

La magistrada Laura De Marinis sobreseyó a un adolescente acusado de intentar robarle el celular a un hombre en la Ciudad de Buenos Aires, al considerar "regresiva" la aplicación de la ley que bajó la edad de punibilidad a los 14 años. El fallo generó un fuerte repudio político, un pedido de juicio político por parte del gobierno porteño y las duras palabras de la víctima del hecho.*

Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner en el centro del debate público la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, apenas semanas después de su entrada en vigencia. Se trata de Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, quien el lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de intentar robar un teléfono celular.

El hecho que originó la causa

Todo comenzó el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que un grupo de al menos cuatro adolescentes lo había interceptado en la vía pública con la intención de robarle el celular. Según consta en el expediente, uno de los jóvenes lo increpó con la frase "¡Dame todo, dame el celular!". La víctima logró alejarse del grupo y pedir ayuda a un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba cerca del lugar, lo que permitió identificar a los involucrados. El robo no llegó a concretarse, quedando la acción en grado de tentativa. Entre los cuatro adolescentes imputados figuraba M.I.A., de 14 años, el único que finalmente resultó beneficiado con el sobreseimiento; la investigación continúa para los otros dos jóvenes de 16 años, para quienes sí es aplicable el nuevo régimen.

Los fundamentos del fallo

En su resolución, la jueza rechazó el planteo de incompetencia que había presentado la defensa oficial y sostuvo que el joven de 14 años resulta "no punible". Para llegar a esa conclusión, declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley que bajó la edad de punibilidad, vigente desde el 5 de septiembre, al considerar que su aplicación en este caso concreto era regresiva: antes de la entrada en vigor de la norma, un adolescente de esa edad podía ser responsabilizado por un hecho, pero no sometido al sistema penal propiamente dicho, y la nueva ley empeoraba su situación procesal. De Marinis también valoró la naturaleza del episodio investigado, señalando que las imágenes incorporadas a la causa mostraban una conducta que quedó en grado de tentativa y que no alcanzó el nivel de violencia que se había mencionado durante el debate legislativo de la norma. La magistrada fundamentó además su decisión en consideraciones sobre el desarrollo neurológico adolescente, al sostener que la respuesta estatal debe contemplar la inmadurez vinculada al desarrollo de la corteza prefrontal, that interviene en la regulación de los impulsos y la evaluación de las consecuencias de los actos.

En una explicación posterior sobre su fallo, la jueza fue más allá y planteó una reflexión de fondo: sostuvo que los adultos "no pueden castigar a los niños, niñas y adolescentes" por lo que "no hicieron" y por haber sido dejados en "desamparo" en su primera infancia, remarcando que someter al adolescente al sistema penal resultaba desproporcionado y podía generar un efecto estigmatizante. En sus propias palabras, escribió que "castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", aclarando que no pretendía "romantizar" la infracción penal juvenil, sino remarcar que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso.

Es importante remarcar que, a diferencia de lo ocurrido meses atrás en la provincia de Buenos Aires, el fallo de De Marinis no suspende la aplicación general de la ley: es una declaración de inconstitucionalidad acotada al caso puntual que tuvo en sus manos, no una medida con alcance general.

La repercusión política, casi inmediata

La decisión judicial generó una catarata de críticas desde el arco político, en un contexto en el que el gobierno nacional viene defendiendo con fuerza la aplicación del nuevo régimen. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue el más contundente: calificó la sentencia como "manchada de sangre" y anunció que desde su gestión impulsarán "inmediatamente" un juicio político contra la magistrada, a la que definió, junto a otros jueces con posturas similares, como parte de "estos jueces garantistas defensores de delincuentes" que "tienen que quedar en evidencia". En la misma línea se pronunció la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas" y agregó que "es muy difícil construir un país normal así".

Ya esta semana, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sumó su voz al reclamo. En una entrevista, calificó de "tremendo" el fallo y afirmó que "este tipo de definiciones le hacen daño a la Justicia, a las víctimas" y atentan contra la política de seguridad que viene sosteniendo el Gobierno. El propio gobierno de la Ciudad, además de los cuestionamientos públicos, ya formalizó una denuncia contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño por "mal desempeño" y "desconocimiento inexcusable del derecho", un paso que podría derivar en un proceso de juicio político contra la magistrada.

La palabra de la víctima

Uno de los testimonios que más repercusión tuvo fue el de Hernán, el hombre de 47 años que fue abordado por el grupo de adolescentes. En diálogo con la prensa, fue durísimo con la jueza: relató que le ofrecieron reunirse con ella para que le explicara los fundamentos del fallo, pero que se negó porque, según dijo, "es muy fácil dar sentencias atrás de un escritorio y tener seguridad, y no estar a las 6 de la mañana caminando en la calle" como le tocó a él. Consideró que a la magistrada "le queda muy grande el cargo" y que no debería continuar en funciones. También apuntó contra el sistema judicial en general, al plantear que "el Poder Judicial le debe mucho a la sociedad" y que sería positivo que se visibilicen los casos con "nombre, apellido y cara" de los jueces involucrados, cuestionando además si hace falta "pertenecer o vivir en determinado lugar" para que un reclamo de víctima sea tomado en cuenta.

Un debate que no es nuevo

El caso de De Marinis no es un hecho aislado, sino el segundo fallo judicial que cuestiona en pocas semanas la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado en febrero, promulgado en marzo y vigente recién desde el 5 de septiembre de este año. El antecedente había ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, había dictado una medida que suspendía la aplicación de la ley; esa decisión, sin embargo, fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que restableció la vigencia de la norma en ese distrito.

Con este nuevo capítulo, el debate sobre los límites de la nueva ley y el rol de los jueces en su interpretación vuelve a instalarse en la agenda pública, en momentos en que el Gobierno nacional defiende la política de baja de la edad de punibilidad como un eje central de su estrategia de seguridad, mientras distintos sectores del Poder Judicial plantean reparos constitucionales a su aplicación en casos concretos.